La Procuraduría de la Administración acogió una queja contra la Doctora Reina Roa, Coordinadora de la Comisión Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud (MINSA) por presuntamente incurrir en actos que violan normas éticas de los servidores públicos que laboran en las entidades del Gobierno Central, según el Decreto Ejecutivo 246 de 15 de diciembre de 2004.

“La Procuraduría de la Administración ha considerado acoger la queja presentada e iniciar una investigación preliminar, a fin de determinar la ocurrencia de los hechos quejados; si estos pueden llegar a configurarse en posibles faltas administrativas de naturaleza disciplinaria, específicamente aquellas descritas en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, así como también procurar que cesen las causas que motivaron los mismos y determinar los sujetos vinculados a su comisión”, destaca la resolución firmada por el Procurador de la Administración Rigoberto González.

La investigación tiene como base la queja presentada por el presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, Hitler Cigarruista, en la que se argumenta que Roa al ser miembro fundadora y coordinadora de relaciones internacionales de la Coalición Panameña Contra el Tabaquismo (COPACET) mantiene un conflicto de interés para su desenvolvimiento independiente como Coordinadora de la Comisión Nacional de Control de Tabaco y como funcionaria del MINSA.

Esta queja es sustentada en que organizaciones filantrópicas como la COPACET, quien ha recibido premios por Bloomberg Philantropies, tienen objetivos claros en sus metas relacionadas a las políticas de control de tabaco, que no pueden ser cabildeados por la Doctora Roa, en el ejercicio de sus funciones, de cara al Ministerio de Salud.

Como parte del proceso que se sigue, la Procuraduría de la Administración remitió copia autenticada de la resolución y copia de la queja administrativa presentada al Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, a fin de que rinda un informe explicativo sobre los hechos quejados.

Igualmente, la entidad estableció agotar la investigación en un término no mayor de dos meses y dentro de los siguientes 30 días determinar el mérito de la queja.

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