Organizaciones de la sociedad civil, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (AmCham), piden al presidente Laurentino Cortizo vetar el proyecto de ley 178, que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de nicotina, cigarrillos electrónicos y otros dispositivos similares con o sin nicotina porque viola normas constitucionales y legales, además de que promoverá el crimen organizado.

En este sentido, la AmCham, afiliada de la US Chamber of Commerce y miembro de la Organización de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina (AACCLA), reiteró la preocupación manifestada a través de una misiva enviada al presidente de la República, de que el articulado del proyecto de ley 178 desconoce obligaciones internacionales que Panamá ha adquirido, a través de suscripciones de Acuerdos de Asociación o de Promoción Comercial, con países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros más, que están vigentes.

AmCham además hace hincapié en que este tipo de medidas impulsará el comercio ilícito y promovería el crimen organizado, el contrabando, la falsificación de productos y marcas, el lavado de activos, inclusive el financiamiento de actividades terroristas, afectando nuestra reputación como país y nuestro hub logístico.

A la petición de veto al proyecto 178 se suma la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que en una misiva dirigida al presidente Cortizo, señala como una de las violaciones constitucionales que la aprobación en tercer de este proyecto de ley no contó con el voto de los dos tercios de los diputados que conforman la Asamblea Nacional.

“En el presente caso, -el proyecto- se aprobó en tercer debate con los diputados que asistieron a la sesión; sin embargo, los mismos no llegaban al quorum exigido de 48 diputados y, por ende, dicha aprobación resulta ser inconstitucional, toda vez que lo que procedía era considerar el proyecto rechazado por falta de la votación afirmativa de las dos terceras partes del número de diputados”, plantea la CCIAP.

También la CCIAP señala que en directa contravención contra el artículo 19 de la Constitución, el proyecto 178 crea fueros y privilegios que no encuentran sustento en justificaciones de interés general o público de manera equitativa, al establecer una excepción a la prohibición de comercialización de cigarrillos electrónicos y dispositivos similares solamente para las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón y otras zonas francas.  Dicha excepción, también plantean, excede las facultades legislativas conforme al Artículo 170 de la Constitución Nacional, ya que la misma viene a convertirse en un elemento nuevo, cuya inclusión no está permitida por nuestra Carta Magna para los proyectos que ya han recibido un veto presidencial.

De acuerdo con la CCIAP, además, esta iniciativa atenta contra la libertad de elección y la libre competencia, derechos establecidos en el artículo 49 que establece la obligación del Estado de garantizar a toda persona el poder obtener bienes y servicios de calidad, así como garantizar la libertad de elección.

Enfatizan que la violación a la libre competencia se evidencia con la imposición de limitación al comercio de un producto lícito, más allá de las contempladas en la ley para el control de la promoción y consumo de productos del tabaco, atentan contra la libre competencia; «pues no existe justificación para que de productos de similar naturaleza y/o uso, obtengan regulaciones y/o controles distintos».

“Desde la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá (ARDTP) y la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, reiteramos que esta iniciativa viola los artículos 109 y 110 al no velar eficazmente por la preservación y protección de la salud de la población panameña. Además, atenta contra el derecho que tienen las personas a acceder a información sobre bienes que representan un mejoramiento a su calidad de vida y, de actuar voluntaria y libremente- en virtud de dichas informaciones”, señaló Tomás Sánchez, presidente de ARDTP.

Por otro lado, más de 2,300 personas han pedido al Gobierno que ponga fin a la prohibición de cigarrillos electrónicos en Panamá y que rechace cualquier iniciativa que prive el acceso a alternativas menos dañina como el cigarrillo electrónico.

La iniciativa es promovida a través de change.org. y liderada por la ARDTP, en representación de las miles de personas en Panamá, preocupadas por la falta de conocimiento sobre los cigarrillos electrónicos en nuestro el gobierno y las campañas de desinformación sobre estos productos hacia los usuarios de estos dispositivos electrónicos y fumadores.

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